La Comisión Europea inicia el curso político dando un paso más hacia una eventual modificación del régimen de protección del lobo en la UE, hacia una flexibilización de la ley que hoy impide cazarlos o matarlos. Ahora, reconoce abiertamente que la población de esta especie depredadora está creciendo en lugares donde antes no estaba presente y que supone un "peligro real" para la ganadería en algunas zonas de la UE, de modo que acaba de abrir una convocatoria para que las partes afectadas aporten datos para saber cuántos ejemplares hay exactamente. Hasta que tome una decisión, insta a los Estados miembros a que apliquen las derogaciones que ya permite la ley europea para permitir cazarlos, algo que en España enfrenta al Gobierno -partidario de mantener el estatus máximo de protección- con el PP y las denominadas 'comunidades loberas', al norte del Duero, como Castilla y León, Asturias o Cantabria.

"La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente también para los humanos. Apelo a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas donde sea necesario. De hecho, la actual legislación de la UE se lo permite". Con este mensaje, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justificó este lunes la apertura de un periodo para recabar datos sobre la población del lobo y su impacto, para lo que ha invitado a comunidades locales, científicos y todas las partes interesadas y que se cerrará el 22 de septiembre. 

Una vez que tenga toda esta información, Bruselas decidirá si propone "modificar el estatus de protección del lobo dentro de la UE" que consagra la directiva de Habitats para introducir "más flexibilidad" si es necesario.

Hasta entonces, insta a los gobiernos europeos a que hagan uso de las derogaciones de este estatus de protección que ya permite la ley.

La protección del lobo en la UE y las protestas contra un sistema que prohíbe cazarlo de ganaderos y algunos partidos políticos es una cuestión recurrente desde hace años y sobre todo meses, tanto a nivel comunitario como dentro de los Estados miembros, incluido en España.

En Bruselas, diversos grupos del Parlamento Europeo llevan tiempo pidiendo que sea posible cazar al lobo en lugares donde haya aumentado la población o suponga un peligro para la ganadería. En noviembre de 2022 la propia Von der Leyen se abrió a analizar una posible flexibilización de la ley, poco después, además, de verse ella misma afectada: a finales del veranos pasado un lobo se adentró en una finca en el noreste de Alemania y mató a un pony, que resultó ser de la presidenta de la Comisión Europea desde hacía más de 30 años.

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Dentro de este análisis, sin embargo, la Comisión Europea reconocía este lunes que el intento había sido en vano, porque en abril de este año empezó a recolectar datos sobre la población del lobo que "no han facilitado una imagen suficiente" para determinar si modificar el estatus de protección. Por eso, ahora abre un nuevo periodo para recolectar información que se cerrará el 22 de septiembre.

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De forma complementaria, Von der Leyen urge a aplicar las derogaciones que permite la Directiva Hábitat en países como España, donde la cuestión de lobo es de máxima importancia en las llamadas 'comunidades loberas', al norte del Duero, que es donde hay manadas de este animal, prácticamente extinguido más al sur. A escala nacional, la protección de lobo enfrenta desde hace 2019 al Gobierno central con comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria o Navarra, que rechazan que se otorgue a esta especie el nivel máximo de protección por los perjuicios que denuncian que provoca a sus ganaderos.

Este contencioso ha llegado hasta los tribunales, que de momento han dado la razón al Gobierno y a su decisión de 2021 de prohibir dar caza al lobo debido a su "importancia como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas". Sin embargo, esa misma Orden Ministerial sí se permite la "captura de ejemplares" cuando haya una autorización cuando las medidas "preventivas o de protección del ganado" hayan resultado "ineficaces", se justifique que "no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie" así como "la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos".

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Este mismo martes, la vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y responsable de estas cuestiones, Teresa Ribera, no ha querido pronunciarse sobre la nueva postura de la Comisión durante unas declaraciones a la prensa en Aldea del Fresno (Madrid)  en las que se ha ceñido a las consecuencias de la DANA. 

Sí lo ha hecho el gobierno de Castilla y León, para mostrarse a favor de flexibilizar la normativa de protección del lobo y reclamar a Ribera que derogue la Orden Ministerial de 2021 que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). "Este día marca un hito relevante no sólo para la ganadería, sino también en la conservación del lobo, ya que está demostrado que las estrictas medidas de protección no solo generan conflictos sociales y amenazan la ganadería y son causa de despoblación, sino que tampoco contribuyen al aumento estable de la población de lobos", ha declarado el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.